DERECHOS CULTURALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE COMO MANDATO CONSTITUCIONAL EN MÉXICO *

Lucina Jiménez López

Una Ley General de Derechos Culturales en México

 

 Agradezco a la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados la invitación a participar en esta 2da Audiencia Pública para la elaboración de la llamada “Ley General de Cultura”.  Celebro que el tema sea Derechos Culturales porque, entrando en materia, estoy convencida de que ese debe ser el enfoque de la Ley que se someta a consideración del Legislativo en el siguiente periodo de sesiones.

 

 Propongo una Ley General de Derechos Culturales, con independencia de otros ordenamientos que hacen falta para actualizar y fortalecer la cultura en el desarrollo sostenible de México y completar la ingeniería de la institucionalidad responsable de la política cultural de nuestro país, actualmente en proceso. Contamos con los elementos constitucionales que facultan al Estado Mexicano para hacerse cargo de dicha responsabilidad institucional y facilitar la participación de la ciudadanía y de los sectores privado y social.

 

 La Ley General de Derechos Culturales que imagino, no tiene como propósito promover, ni preservar, ni “llevar la cultura”, porque ésta ya es en si misma creación colectiva y no hay ninguna persona que sea ajena a ella. Ese es uno de los cambios de paradigma que requiere este siglo XXI, el reconocimiento de la ciudadanía como creadora y partícipe de la cultura contemporánea. Tampoco se trata de englobar en un solo ordenamiento una realidad tan diversa, amplia y heterogénea, en la que se entrecruzan una gran diversidad de ordenamientos previos y otros que son necesarios y que necesitan un espacio en la agenda legislativa.  Hay otros ámbitos donde dichos ordenamientos deben actualizarse o introducirse.

 

 El cometido de una Ley de Derechos Culturales es garantizar las condiciones en que los ciudadanos de manera individual o colectivamente pueden participar o no de la vida cultural, construir y transformar su propia identidad, en un contexto donde la diversidad y la consideración de las diferencias, no sean pretexto para ningún tipo de discriminación,  violencia o  exclusión.

 

 La existencia de una Secretaria de Cultura es una condición básica que permite elevar las miras para este sector en sus vínculos con el desarrollo sostenible y el combate a la pobreza. Ninguna estrategia de desarrollo económico, urbano, educativo, social, medio ambiental, tecnológico o comunicacional puede seguir ignorando la importancia de la dimensión cultural y especialmente de los derechos culturales de la ciudadanía.

 

 Esta Ley podría marcar la pauta de las políticas culturales de nueva generación que dicha Secretaría debería atender en este México del siglo XXI. Ya no se trata simplemente de atender la infraestructura gubernamental. Esta Ley debe establecer el compromiso del Estado para con los derechos culturales de l@s mexican@s.  Subrayo que señalé el Estado, porque los derechos culturales no dependen solamente de las instituciones del sector cultural, sino de la configuración de nuevos esquemas de gobernanza para la cultura y el desarrollo sostenible, como lo señala la Convención del 2005 de la UNESCO, a cuyo grupo de expertos me honro en pertenecer desde 2011.

 

 La institucionalidad de la cultura habrá de encontrar en ella nuevas orientaciones en su diseño, si México cuenta con una Ley de Derechos Culturales, en la cual el Estado Mexicano, no sólo la Secretaría de Cultura, establezca como su principal responsabilidad el reconocimiento y valoración de la diversidad cultural, su protección y promoción, en tanto recurso fundamental de los pueblos y comunidades; si se garantiza el derecho a participar, o no, de la vida cultural y si la libertad de creación y expresión, la libre manifestación de las ideas y la diversidad están garantizadas y normadas en el libro, los medios de comunicación, las políticas cinematográficas, audiovisuales y relativas a las tecnologías digitales.

 

Derechos Culturales, Políticas Culturales y Nueva Gobernanza

 

 Propongo cinco conceptos claves que esta Ley debiera considerar en su fundamentación: 1) una nueva noción de políticas culturales, para entenderla como la responsabilidad del Estado para crear ecosistemas favorables para el reconocimiento, promoción, gestión y disfrute de la diversidad cultural, las prácticas culturales y la creación artística, desde un enfoque de derechos e inclusión social, y que promueva la innovación y el desarrollo sostenible entre creadores, pueblos y colectivos, en una perspectiva de respeto a los derechos humanos. Esto marcaría nuevas pautas para la reorientación de las propias instituciones y ofertas culturales de las instituciones, pero también su vínculo con otros sectores de desarrollo.

 2) El sentido transversal e intersectorial que requiere el reconocimiento de los derechos culturales, para lo cual existe un buen marco con la creación del actual Comité Técnico de la Ley (donde por cierto, no está representada la sociedad civil) y el propio mandato de creación de la Secretaría de Cultura que la conmina a crear consejos intersectoriales.  

 3)  El concepto de sostenibilidad tanto de la vida cultural, de las prácticas culturales y la creación artística, como del desarrollo mismo. 4) Un nuevo sentido de federalismo y de gobernanza que promueva la coordinación entre Gobierno Federal, estados, municipios, sectores privado y sociedad civil y autoridades tradicionales para hacer posible el cumplimiento de estos derechos culturales. La Ley puede señalar pautas de coordinación entre estos niveles de gobierno, la empresa privada y la sociedad civil.

 

 Finalmente, el 5) La diversidad de las expresiones culturales como un factor importante que permite a los pueblos y las personas manifestar, comunicar y compartir con otros sus ideas y valores. Como lo señala la Convención del 2005[1], “solo se podrá proteger y promover la diversidad cultural si se garantizan los derechos humanos y las libertades fundamentales como la libertad de expresión, información y comunicación, así como la posibilidad de que las personas escojan sus expresiones culturales”.  Este elemento debe ser una de las premisas de la Ley. Pero esta diversidad, señala la misma Convención, también se expresa a través de “distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones culturales, cualesquiera que sean los medios y tecnologías utilizados.” Este elemento es vital para conectar los derechos culturales con la dimensión económica, pero sin una postura privatizadora o de rentabilidad a toda costa, pero sí de generar condiciones para el financiamiento a la producción cultural y artística profesional y comunitaria.

 

 En términos de definiciones, la primera Relatora de Derechos Culturales de Naciones Unidas, Farida Shaheed, señala en su informe 2014 ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU que:

 “Los derechos culturales son los derechos de todas las personas, individualmente y en comunidad con otros, así como de grupos de personas, a desarrollar y expresar su humanidad, su visión del mundo y el significado que dan a su existencia y su desarrollo mediante, entre otras cosas, valores, creencias, convicciones, idiomas, los conocimientos y las artes, las instituciones y las formas de vida. También abarcan el derecho a acceder al patrimonio cultural y a recursos que permitan que esos procesos de identificación y desarrollo tengan lugar, y a disfrutar de dicho patrimonio y dichos recursos.”[2]

 

Derechos culturales, normas internacionales y antecedentes en México

 

 El debate de los derechos culturales ha avanzado de manera importante, a partir del marco normativo internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los dos Pactos Internacionales de Naciones Unidas, la Declaración Universal de la Diversidad Cultural y la Convención del 2005 de la UNESCO. En su dimensión operativa, también ha influido en términos de política pública local o regional, la Agenda21Cultura firmada por más de 520 gobiernos de ciudades, estados y regiones del mundo.  

 La Declaración Universal de la UNESCO Sobre la Diversidad Cultural[3] señala en su artículo 6º.

 “Al tiempo que se garantiza la libre circulación de las ideas mediante la palabra y la imagen, hay que velar por que todas las culturas puedan expresarse y darse a conocer. La libertad de expresión, el pluralismo de los medios de comunicación, el plurilingüismo, la igualdad de acceso a las expresiones artísticas, al saber científico y tecnológico -comprendida su presentación en forma electrónica- y la posibilidad, para todas las culturas, de estar presentes en los medios de expresión y de difusión, son los garantes de la diversidad cultural.”

 

 De ahí que esta Ley debe apuntar hacia la regulación de la publicidad,  la pluralidad de las pantallas cinematográficas y la producción de contenidos propios para la industria editorial y las redes digitales,  necesitamos proteger y regular la producción propia en que se fundamenta la diversidad cultural, igualmente la protección de los derechos culturales de los niños y el uso cultural del espacio público para promover la convivencia, la diversidad y la responsabilidad ciudadana de su cuidado y coproducción.

 

 La Declaración de Friburgo, de 2007[4], una magnífica síntesis para enfrentar la dispersión de instrumentos internacionales y compartir con los tres sectores, de gobierno, sociedad civil y mundo empresarial, nos recuerda que: 

“Estos derechos deben garantizarse sin discriminación alguna por

motivos de color, sexo, idioma, religión, convicciones políticas o de

cualquier otra índole, ascendencia, origen nacional o étnico, origen

o condición social, nacimiento o cualquier otra situación a partir de

           la cual la persona define su identidad cultural”.

 

Este documento es un referente fundamental, necesario de tomar como punto de partida,  aunque es importante reconocer que no es vinculante respecto de los ordenamientos signados por el Gobierno Mexicano.

 

 La condición básica de estos derechos implica la defensa de los derechos de quienes disienten de pertenecer a cualquier conglomerado, de una política o de un grupo de pertenencia. Las sociedades democráticas encuentran en el diálogo y la defensa de los derechos humanos, la posibilidad de la convivencia y de la paz. En cambio, la violación a los derechos culturales es una de las causas de violencia, exclusión, discriminación, base de los fundamentalismos y factor de empobrecimiento de la vida de las personas. Hoy México tiene urgencia de esta dimensión intercultural para erradicar la violencia y promover la convivencia en el marco de la diferencia. Necesitamos derechos culturales para combatir la pobreza y la discriminación, la exclusión y el racismo, pero también la violencia económica y patrimonial.

 

 La Ley debe incluir el reconocimiento de un catálogo de derechos que el Estado Mexicano pueda garantizar. Para ello, retomo a Karima Bennoune, la actual Relatora Especial de Derechos Culturales de Naciones Unidas, quien señala que los derechos culturales protegen, en particular:

 “a) La creatividad humana en toda su diversidad, y las condiciones para que sea posible desplegarla, desarrollarla y tener acceso a ella;

 b) La libertad para elegir, expresar y desarrollar una identidad, incluido el derecho a elegir no pertenecer a un colectivo determinado, así como el derecho a cambiar de opinión o a abandonar un colectivo, y a participar en el proceso de definición de este en condiciones de igualdad;

 c) Derechos de las personas y de los grupos a participar, o a no hacerlo, en la vida cultural de su elección y a ejercer sus propias prácticas culturales;

 d) Interactuar e intercambiar opiniones con otros, independientemente del grupo al que pertenezcan y de las fronteras;

 e) Disfrutar y acceder a las artes y al conocimiento, incluido el conocimiento científico, así como a su propio patrimonio cultural y al de otros

 e) Participar en la interpretación, la elaboración y el desarrollo del patrimonio cultural, así como en la reformulación de sus identidades culturales.”[5]

 

 Con el fin de conectar la perspectiva de derechos con la diversidad entendida también en las distintas formas de producción y sostenibilidad de la vida cultural y la producción misma de la cultura con el bienestar, yo agregaría el f) Derecho a gestionar de manera sostenible, los recursos culturales y la diversidad de las expresiones culturales con base en los principios de inclusión, equidad y respeto a los derechos humanos. Este es el campo que aborda la llamada economía naranja, las llamadas “industrias, empresas culturales” o la “economía creativa” y en el cual se debiera considerar la gran diversidad de formas productivas que existen en el país, a partir de un diagnóstico nacional o sectorial que fundamente la toma de decisiones, tarea que va más allá de esta propuesta de Ley.

 

 Por razones de justicia y deuda histórica en México, me gustaría subrayar la importancia de considerar en la legislación, un apartado especial sobre los saberes, conocimientos y tecnologías tradicionales que son creación de pueblos originarios, indígenas o colectivos productores, a partir de la consideración del Artículo 31 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el cual reconoce su derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos y sus lenguas.

 

 En México existen diversas iniciativas ciudadanas y de Gobiernos Estatales y Municipales que se han adelantado a la consideración de los derechos culturales como elementos esenciales, tal es el caso de la Ciudad de México que los colocó en su Programa de Fomento y Desarrollo Cultural 2014-2018, o del Ayuntamiento de Mérida, primer gobierno local que lanzó una Carta de Derechos Culturales, firmada intersectorialmente, en ambos casos, como parte de su participación en la Agenda21 de la Cultura, procesos en los cuáles tengo el honor de participar como Experta de la Comisión de Cultura de la  Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales.  Actualmente, también el estado de Sinaloa ha firmado la Agenda21 de la Cultura y hay muchos otros interesados en sumarse.

 

 En Nuevo León, está pendiente de dictaminar una iniciativa de Ley General de Derechos Culturales para el estado. Michoacán recogió esos derechos en una Ley donde pude participar en su diseño. San Cristóbal de las Casas trabaja actualmente una iniciativa, bajo el amparo de Ciudad Creativa. El Dr. Sánchez Cordero presentó a la legislatura pasada una iniciativa promover la Coordinación de la federación, los estados y los municipios para la defensa del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos indígenas y comunidades productoras de expresiones culturales. Todos estos son antecedentes que es necesario revisar.

 

 La tarea parece compleja, pero no lo es tanto. Invito a esta legislatura y a los participantes en este foro, a la ciudadanía, a la sociedad civil, a darle seguimiento a este proceso hasta lograr este propósito. Contamos con reformas constitucionales en los artículos 1, 2, 3 y 4 Constitucionales, en materia de derechos humanos, diversidad cultural y lingüística, coordinación para el federalismo y derechos culturales. Existe una disposición legislativa y el conocimiento suficiente de otras experiencias internacionales que nos permitan actualizar nuestro escenario en materia de políticas de desarrollo sostenible con dimensión cultural. El recurso más importante ya lo tenemos: nuestra diversidad creativa.

 

* Ponencia leída en la Segunda Audiencia Pública para la elaboración de la  “Ley General de Cultura”, organizada por la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, julio 5 de 2016. 

[1] Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO, 2005. Disponible en:  http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/the-convention/convention-text/
[2] Informe de la Relatora Especial de Derechos Culturales. 8 de Agosto de 2014. Disponible en: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/499/91/PDF/N1449991.pdf?OpenElement
[3] Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural. 2001. Disponible en: http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
[4] Declaración de Friburgo. Disponible en: http://www.culturalrights.net/descargas/drets_culturals239.pdf
[5] Naciones Unidas. Informe de la Relatora de Derechos Culturales. 3 de Febrero de 2016. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/017/00/PDF/G1601700.pdf?OpenElement


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Comentarios: 1
  • #1

    Everett Wiles (jueves, 02 febrero 2017 19:40)


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